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El Gobierno y PLAN CAPECO por el desarrollo de la Construcción

El Gobierno y PLAN CAPECO por el desarrollo de la Construcción

 

Se estima que en 180 días se podría tener un borrador del Plan. Luego, para
el diseño, implementación y monitoreo de cada componente del mismo, se
deberá recoger experiencias internacionales relevantes, así como disponer de la
contratación de consultores especializados.

 

Las tareas pendientes

El gobierno de Kuczynski ha dado señales claras a los agentes económicos y sociales acerca de la voluntad del gobierno por cumplir sus propósitos en materia de infraestructura, vivienda y urbanismo. Medidas como el Plan de Estímulo Económico, la modificación de la Ley Marco de las APPs o la restitución del bono del Buen
Pagador, son un gran logro para el sector. Pero ahora, para lograr que los beneficios de estas medidas políticas tengan efecto visible, corresponde entrar a la etapa de implementación. Ello implica llevar a cabo una seria de acciones en el corto y mediano plazo.

Necesitamos un Plan Nacional de Infraestructura

Este Plan definiría los mecanismos para gestionar las infraestructuras, determinaría las fuentes de financiamiento y los medios para repagar las inversiones, y establecería indicadores para la medición del desempeño de los diferentes componentes del mismo. Adicionalmente, se deberán introducir mecanismos indispensables para un nuevo modelo de gestión de estas. Hay que establecer un nuevo enfoque de calidad en la concepción de las infraestructuras, priorizando la eficiencia, adaptación y durabilidad del servicio.

En la misma línea se debe modificar radicalmente el vigente modelo de contratación estatal en pro de la estimulación de la competencia, la calidad de los proyectos
y la transparencia en los procesos. Se necesita extender el uso de las nuevas tecnologías de modelamiento de construcción y operación en el control de obras.
Ello reduciría significativamente el índice de corrupción, limitaría el incremento de presupuestos y optimizaría la gestión, evaluación y mantenimiento.

Por otro lado, disponer el sinceramiento paulatino de las tarifas de agua y saneamiento es fundamental para reducir la debilidad técnica y financiera de las EPS y asegurar la sostenibilidad de las infraestructuras. Habrá que implementar un sistema de subsidios directos y explícitos a aquellas familias que no puedan pagar las nuevas tarifas, previa verificación a través del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) e inscripción en las centrales de evaluación crediticia.

Se estima que en 180 días se podría tener un borrador del Plan. Luego, para el diseño, implementación y monitoreo de cada componente del mismo, se deberá recoger experiencias internacionales relevantes, así como disponer de la contratación de consultores especializados y seleccionados por concurso público internacional.

Constituir la Comisión Consultiva de Infraestructura

Dicha comisión sería integrada por representantes del Poder Ejecutivo, de las asociaciones de alcaldes y de gobiernos regionales, y de los gremios empresariales, profesionales y laborales.

Su misión consistiría en efectuar un monitoreo de la ejecución de los proyectos de infraestructura priorizados, identificando alternativas de solución a problemas específicos. Además, propondrá iniciativas legales, normativas y administrativas, dirigidas a mejorar la contratación pública y el régimen de Asociaciones Público Privadas.

Por otro lado, tendría que participar de manera activa en el diálogo y el acuerdo para la formulación, implementación, ejecución y evaluación del Plan Nacional de Infraestructura. Para lo cual es necesario que actúe como un órgano de consulta sobre temas vinculados al sector y sobre posibles situaciones de discrepancia o de conflictos públicos, buscando siempre una mejor comprensión y el consenso social sobre tales temas.

La Comisión Consultiva debería constituirse mediante Resolución Suprema, por lo que podría empezar a funcionar en no más de 30 días.

Acelerar la ejecución de megaproyectos

Las grandes obras de minería, energía e infraestructura pueden enfrentar dificultades por la oposición de autoridades locales, comunidades y pobladores, especialmente los que se encuentran dentro del área de influencia de los proyectos.

En este sentido, resulta fundamental formular y aprobar un Plan de Desarrollo Territorial en el ámbito de influencia de cada megaproyecto, con el propósito de identificar las necesidades de dichas poblaciones, reconociendo sus potencialidades y recogiendo las expectativas de los diferentes actores locales. Esto permitirá determinar los planes estratégicos que deberán ejecutarse para asegurar el cumplimiento del Plan.

También se deberá desarrollar una línea de base que permita una evaluación de los impactos de los diferentes componentes del Plan de Desarrollo y del megaproyecto productivo.

Es indispensable, por lo tanto, constituir un Programa de Inversiones a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo deberían efectuarse con recursos del Fondo de Adelanto Social y de aportes de Responsabilidad Social de las empresas desarrolladoras. Las de mediano y largo plazo deberían provenir fundamentalmente de los recursos fiscales recaudados cuando el megaproyecto entre en operación, parte de los cuales podrían adelantarse a cambio del otorgamiento de la “licencia social”.

Asimismo, habría que conformar un equipo técnico competente para cada megaproyecto, el cual se encargaría de hacer un seguimiento de la formulación y aprobación de estudios, la gestión de recursos, la ejecución de obras y la puesta en marcha de las infraestructuras o servicios resultantes incluidos en el Programa de Inversiones. Este equipo técnico podrá ser financiado con recursos del FAS o de las empresas involucradas.

En ese mismo orden de ideas, hay que desarrollar un mecanismo generador de empleo que considere tanto la capacitación de la población local en las etapas de construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras y servicios, así como la optimización de las actividades productivas actuales y de los servicios que brindan los gobiernos locales.

A todo ello se debe sumar una Instancia Permanente de Coordinación del Plan de Desarrollo, constituida por representantes de los tres niveles de gobierno, de las comunidades, de las juntas de usuarios y de la empresa. Esta instancia deberá propiciar los acuerdos que permitan tanto la ejecución del Plan como del megaproyecto y efectuar un seguimiento a dichos acuerdos y procesar las posibles discrepancias que se presenten en su implementación.

Una experiencia piloto de este modelo podría implementarse en un plazo no mayor a 120 días.

Extracto de "El Gobierno y el PLAN CAPECO por el desarrollo de la construcción" - Revista Capeco - Julio 2017

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