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Noticias

“Construcción es el sector que más crecerá y ayudará a levantar la formalidad en el Perú”

Jorge Toyama analiza la situación actual del sector en materias de Derecho Laboral

 

“El sector con más sindicalización es el de construcción. Según las estadísticas que he revisado puedo decir que es el sector más formal del Perú”.

¿Cuál es su evaluación a este cierre de año desde el punto de vista laboral?

Desafortunadamente los problemas tradicionales en materia laboral en el Perú siguen siendo lo mismos. Es decir, existe una alta informalidad (de cada cuatro asalariados solo uno tiene el privilegio de estar en planilla), sueldos bajos (salvo ciertos sectores, como el minero en el construcción civil, los demás son bajos) y también está la falta de protección social que es cuando una persona tiene trabajo pero le pagan a la mano o tiene trabajo y está por honorarios pero no le pagan seguro, o son independientes y tampoco tienen seguro. Solo un 25% de la fuerza laboral en el país tiene un seguro permanente y recibe pensiones a la vez.

Usted señala que el sector construcción está mejor salarialmente.

Como en todo sector hay dos tipos de ámbitos económicos: existe la construcción formal y la informal. En la informal, la persona que contrata puede pactar con un maestro de obras quien trae a tres obreros y ninguno de ellos se encuentra en planilla y construyen una casa o levantan un muro pero lo hacen dentro del esquema de la informalidad. Y esto ocurre en todos los sectores, minería, agricultura, etc.
Sin embargo, el sector con más sindicalización es el de construcción. Según las estadísticas que he revisado puedo decir que es el sector más formal del Perú, tanto por el nivel de sindicalización como porque es una actividad bastante regulada y los empresarios normalmente tienen organizado todo un sistema de costos y dentro de estos costos están las cargas sociales, y es además un régimen temporal por definición (como están dentro de un régimen que los obliga a cancelar prácticamente de manera semanal, esto le brinda una mayor flexibilidad al empleador).

En términos generales, ¿cómo avanza el tema laboral en el Perú?

Estamos estancados. Este gobierno ha tenido un intento de luchar contra la informalidad, a través de proyectos y políticas pero la tasa de empleo formal prácticamente está en cero desde hace varios meses.
Se avizora que a partir del próximo año con la reconstrucción y con los nuevos precios de los metales y la inversión pública la cosa cambie, pero con todos estos acontecimientos políticos recientes yo creo que aún el pronóstico es reservado.

Extracto de “Construcción es el sector que más crecerá y ayudará a levantar la formalidad en el Perú”. Revista Capeco - Diciembre 2017.
 

Ceremonia de Juramentación - Junta Directiva 2017 - 2019

Ceremonia de Juramentación - Junta Directiva 2017 - 2019




JUNTA DIRECTIVA 2017 – 2019 CAPECO LAMBAYEQUE

  • Presidente : Ing. Antonio Rabanal Rosales
  • Vicepresidente : Ing. Victor Hugo Bravo Monje
  • Tesorero : Arq. Mario Pérez Angulo
  • Pro-Tesorero : Ing. Juan José Zamora Capelli
  • Secretario : Ing. Willy Vílchez Maradiegue
  • Pro-Secretario : Ing. Victor Gonzales Medina
  • Vocal : Arq. Victor Gastelo Horna
  • Vocal : Ing. Germán Mori Tuesta


Comisión Revisora de Cuentas:

  • Miembro 01 : Ing. Roberto Yahiro Gálvez
  • Miembro 02 . Ing. Jorge Luis Jaime Liza
  • Miembro 03 : Ing. Carlos Mendoza Castañeda


Junta de Ética:

  • Miembro 01 : Ing. Ángel Barboza Montalvo
  • Miembro 02 : Sr. José Gil Domínguez
 

El Gobierno y PLAN CAPECO por el desarrollo de la Construcción

El Gobierno y PLAN CAPECO por el desarrollo de la Construcción

 

Se estima que en 180 días se podría tener un borrador del Plan. Luego, para
el diseño, implementación y monitoreo de cada componente del mismo, se
deberá recoger experiencias internacionales relevantes, así como disponer de la
contratación de consultores especializados.

 

Las tareas pendientes

El gobierno de Kuczynski ha dado señales claras a los agentes económicos y sociales acerca de la voluntad del gobierno por cumplir sus propósitos en materia de infraestructura, vivienda y urbanismo. Medidas como el Plan de Estímulo Económico, la modificación de la Ley Marco de las APPs o la restitución del bono del Buen
Pagador, son un gran logro para el sector. Pero ahora, para lograr que los beneficios de estas medidas políticas tengan efecto visible, corresponde entrar a la etapa de implementación. Ello implica llevar a cabo una seria de acciones en el corto y mediano plazo.

Necesitamos un Plan Nacional de Infraestructura

Este Plan definiría los mecanismos para gestionar las infraestructuras, determinaría las fuentes de financiamiento y los medios para repagar las inversiones, y establecería indicadores para la medición del desempeño de los diferentes componentes del mismo. Adicionalmente, se deberán introducir mecanismos indispensables para un nuevo modelo de gestión de estas. Hay que establecer un nuevo enfoque de calidad en la concepción de las infraestructuras, priorizando la eficiencia, adaptación y durabilidad del servicio.

En la misma línea se debe modificar radicalmente el vigente modelo de contratación estatal en pro de la estimulación de la competencia, la calidad de los proyectos
y la transparencia en los procesos. Se necesita extender el uso de las nuevas tecnologías de modelamiento de construcción y operación en el control de obras.
Ello reduciría significativamente el índice de corrupción, limitaría el incremento de presupuestos y optimizaría la gestión, evaluación y mantenimiento.

Por otro lado, disponer el sinceramiento paulatino de las tarifas de agua y saneamiento es fundamental para reducir la debilidad técnica y financiera de las EPS y asegurar la sostenibilidad de las infraestructuras. Habrá que implementar un sistema de subsidios directos y explícitos a aquellas familias que no puedan pagar las nuevas tarifas, previa verificación a través del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) e inscripción en las centrales de evaluación crediticia.

Se estima que en 180 días se podría tener un borrador del Plan. Luego, para el diseño, implementación y monitoreo de cada componente del mismo, se deberá recoger experiencias internacionales relevantes, así como disponer de la contratación de consultores especializados y seleccionados por concurso público internacional.

Constituir la Comisión Consultiva de Infraestructura

Dicha comisión sería integrada por representantes del Poder Ejecutivo, de las asociaciones de alcaldes y de gobiernos regionales, y de los gremios empresariales, profesionales y laborales.

Su misión consistiría en efectuar un monitoreo de la ejecución de los proyectos de infraestructura priorizados, identificando alternativas de solución a problemas específicos. Además, propondrá iniciativas legales, normativas y administrativas, dirigidas a mejorar la contratación pública y el régimen de Asociaciones Público Privadas.

Por otro lado, tendría que participar de manera activa en el diálogo y el acuerdo para la formulación, implementación, ejecución y evaluación del Plan Nacional de Infraestructura. Para lo cual es necesario que actúe como un órgano de consulta sobre temas vinculados al sector y sobre posibles situaciones de discrepancia o de conflictos públicos, buscando siempre una mejor comprensión y el consenso social sobre tales temas.

La Comisión Consultiva debería constituirse mediante Resolución Suprema, por lo que podría empezar a funcionar en no más de 30 días.

Acelerar la ejecución de megaproyectos

Las grandes obras de minería, energía e infraestructura pueden enfrentar dificultades por la oposición de autoridades locales, comunidades y pobladores, especialmente los que se encuentran dentro del área de influencia de los proyectos.

En este sentido, resulta fundamental formular y aprobar un Plan de Desarrollo Territorial en el ámbito de influencia de cada megaproyecto, con el propósito de identificar las necesidades de dichas poblaciones, reconociendo sus potencialidades y recogiendo las expectativas de los diferentes actores locales. Esto permitirá determinar los planes estratégicos que deberán ejecutarse para asegurar el cumplimiento del Plan.

También se deberá desarrollar una línea de base que permita una evaluación de los impactos de los diferentes componentes del Plan de Desarrollo y del megaproyecto productivo.

Es indispensable, por lo tanto, constituir un Programa de Inversiones a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo deberían efectuarse con recursos del Fondo de Adelanto Social y de aportes de Responsabilidad Social de las empresas desarrolladoras. Las de mediano y largo plazo deberían provenir fundamentalmente de los recursos fiscales recaudados cuando el megaproyecto entre en operación, parte de los cuales podrían adelantarse a cambio del otorgamiento de la “licencia social”.

Asimismo, habría que conformar un equipo técnico competente para cada megaproyecto, el cual se encargaría de hacer un seguimiento de la formulación y aprobación de estudios, la gestión de recursos, la ejecución de obras y la puesta en marcha de las infraestructuras o servicios resultantes incluidos en el Programa de Inversiones. Este equipo técnico podrá ser financiado con recursos del FAS o de las empresas involucradas.

En ese mismo orden de ideas, hay que desarrollar un mecanismo generador de empleo que considere tanto la capacitación de la población local en las etapas de construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras y servicios, así como la optimización de las actividades productivas actuales y de los servicios que brindan los gobiernos locales.

A todo ello se debe sumar una Instancia Permanente de Coordinación del Plan de Desarrollo, constituida por representantes de los tres niveles de gobierno, de las comunidades, de las juntas de usuarios y de la empresa. Esta instancia deberá propiciar los acuerdos que permitan tanto la ejecución del Plan como del megaproyecto y efectuar un seguimiento a dichos acuerdos y procesar las posibles discrepancias que se presenten en su implementación.

Una experiencia piloto de este modelo podría implementarse en un plazo no mayor a 120 días.

Extracto de "El Gobierno y el PLAN CAPECO por el desarrollo de la construcción" - Revista Capeco - Julio 2017
 
 

Feria Inmobiliaria - Cumple el Sueño de la Casa Propia

FERIA INMOBILIARIA

Cumple el Sueño de la Casa Propia!!

Del 13 al 15 de Octubre 2017
Plazuela Elías Aguirre.
De 10:00 am a 7:00pm

 

El futuro de la construcción en el Perú: retos y nuevos paradigmas

A propósito de ConsPerú 2017

El futuro de la construcción en el Perú: retos y nuevos paradigmas



El Construction Summit Perú (CONS Perú), organizado por CAPECO en asociación con Seminarium, es un evento pretende convertirse en el principal espacio de encuentro entre actores públicos y privados del sector construcción, para exponer y discutir propuestas para impulsar una Agenda País, en la que se reconozca la importancia de implementar políticas habitacionales, urbanas y territoriales que impulsen la competitividad del país y promuevan la inclusión de las familias pobres en los beneficios del crecimiento económico.

La primera versión del CONS Perú tuvo lugar a fines de mayo del presente año, habiendo reunido en dos intensas jornadas de trabajo a reconocidos expertos internacionales como Sergio Fajardo, Stuart Hart, Paul Cheshire, Jorge Kogan, Carlos Cruz, entre otros y contó con la presencia de un número importante de empresarios, profesionales, académicos y funcionarios públicos vinculados al sector construcción.

Las conferencias, paneles de discusión y exposiciones se enfocaron en identificar los desafíos que es necesario superar para tener un sector construcción innovador y
competitivo, y plantearon los nuevos paradigmas que podrían hacer posible esta modernización. En el presente documento constituye una suerte de relatoría del encuentro, pero sobre todo plantea los aspectos más relevantes de una estrategia para esbozar el futuro de la construcción en nuestro país.

Marco de referencia
Resulta urgente emprender un cambio radical en la gestión de las políticas públicas relacionadas con la vivienda, la infraestructura, el desarrollo urbano y la gestión
territorial para remontar la distancia existente entre las potencialidades económicas de nuestro país y las condiciones actuales de nuestras ciudades, del ordenamiento territorial, de la infraestructura productiva y social, y de la dotación de vivienda y equipamientos urbanos.

Los efectos devastadores de las recientes inundaciones que han afectado a varias regiones del país, dejaron en evidencia esta cruda realidad por lo que es urgente adoptar nuevos paradigmas que eviten superar los errores pasados y que contribuyan a encaminar a nuestro país por la senda del desarrollo económico y del bienestar social, objetivos clave en cuyo cumplimiento juega un rol preponderante la actividad constructora.

El territorio
El proceso de descentralización vigente en nuestro país ha terminado consagrando la conversión de los antiguos departamentos en regiones y la proliferación de distritos y provincias, fragmentando excesivamente las circunscripciones, burocratizando innecesariamente la gestión de los gobiernos sub-nacionales y minimizando la escala de planificación territorial. De esta forma, los planes no están referidos a ámbitos geográficos adecuados y excluyen por lo general el área rural.

En este aspecto, Lima Metropolitana es un caso especial pues la capital nacional ocupa una superficie mucho más extensa que la de la provincia de Lima, lo que ha generado notorias ineficiencias en la planificación territorial y en la prestación de los principales sistemas urbanos (transporte y vialidad, agua y desagüe, energía, el área litoral y los ríos, entre otros), como lo ha señalado el arquitecto Manuel de Rivero.

Frente a esta realidad, es indispensable establecer un nuevo modelo de gestión del territorio, a partir de la formulación de planes macro-regionales y la gestión coordinada de los mega-proyectos de impacto macroregional, del desarrollo de las cuencas y de los corredores económicos, así como las intervenciones para mitigar riesgos por fenómenos naturales o antrópicos. Para el efecto, deberían constituirse seis Entidades Autónomas de Planeamiento Territorial, bajo el paraguas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), una de estas entidades deberá corresponder a la Capital de la República y las otras cinco se constituirían a partir de las Mancomunidades Regionales ya conformadas.

La Capital de la República deberá ser una jurisdicción de planeamiento territorial conformada por las áreas conurbadas de las provincias de Lima, Callao, Huarochirí, Canta, Cañete y Huaral. En este sentido, la experiencia del Área Metropolitana de Medellín, que gestiona de manera integral la planificación de los 10 distritos que conforman el Valle del Aburrá constituye una referencia para el diseño de la entidad de planeamiento para nuestra capital nacional.

Las ciudades
Las ciudades son construidas por la gente y para la gente; y son, o deben ser sistemas para producir bienestar e incrementar la productividad. En esta línea, Paul Cheshire pone el acento en la necesidad de que la política urbana en todo el mundo, deje de ser dominada por modos de pensamiento en base al diseño y la ingeniería. Es decir, debe cambiarse los paradigmas tradicionales de la planificación territorial, hacia un abordaje multidimensional que otorgue igual relevancia a los componentes económicos y sociales de la realidad urbana, y que tenga en cuenta los beneficios y desafíos derivados de la economía de aglomeración.

En nuestro país, ocho de cada diez centros urbanos del país carecen de un plan de desarrollo territorial, como lo recordó Zoe Trohanis del Banco Mundial.
Esta carencia impide una organización eficiente de las actividades en las ciudades ni un asentamiento adecuado de la población. La inexistencia de estos planes propicia la escasez de suelo urbano elevando los precios de los terrenos, lo que impide el desarrollo de proyectos inmobiliarios formales, sobre todo los dirigidos a la vivienda social. Paralelamente, los traficantes de tierras aprovechan de esta renuncia de las autoridades locales a incorporar suelo formal, propiciando las invasiones
con las que se pretende “atender” la demanda de vivienda y servicios urbanos, especialmente la de bajos ingresos, de manera informal y –con mucha frecuencia- sin
ninguna precaución por los riesgos frente a desastres naturales.

Frente a esta realidad, resulta necesario efectuar, a través del Ministerio de Vivienda, la actualización de los Planes de Desarrollo Urbano de Lima Metropolitana y de las 40 principales ciudades del país. Se prevé una inversión de unos 240 millones de soles para este propósito, debiéndose alcanzar esta meta el 2021. De inmediato,
se debe empezar con las ciudades afectadas por los recientes desastres.

Para evitar que estos problemas se sigan extendiendo es necesario Implementar planes urbanos para la construcción de nuevas ciudades en zonas de influencia de megaproyectos agro-industriales, mineros o energéticos, así como para las localidades que conforman Ejes de Desarrollo Territorial, como el integrado por las ciudades de Huacho-Lima-Ica (a raíz de un proyectado Tren de Cercanías) o el conformado por el Valle Sagrado del Cusco, como consecuencia de la proyectada construcción del Aeropuerto de Chinchero.

Los planes urbanos deben formularse a partir de mecanismos innovadores que procuren la inclusión social y el desarrollo económico, e implementarse a partir de estrategias participativas y colaborativas, que han sido los factores de éxito en el notable avance en desarrollo urbano alcanzado por ciudades como Medellín bajo el fuerte liderazgo político del alcalde Sergio Fajardo. Trohanis hizo ver la urgencia de que el Gobierno Central fomente, además, la dotación de catastros urbanos para
optimizar la gestión de las ciudades, sobre todo teniendo en cuenta que solo 8 de 522 municipalidades urbanas cuentan con uno. El Ministerio de Vivienda, a través de COFOPRI debe financiar y monitorear la implementación de estos instrumentos, empezando por las ciudades afectadas por las inundaciones.

Fuente: Construcción e Industria. REVISTA DE LA CÁMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN AÑO LII Nº 332 JUNIO 2017

 
 

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